Congreso Tecnológico 

CREA 2011: 

“Las buenas prácticas llegaron para 


quedarse."

(Comunicado Nº 7)‏

Mónica Galleguillos.

Mariana Hill Lavista.

Sebastián Bigorito.

Christian Jette.

El caso uruguayo:
Uruguay asistió recientemente a un hito histórico: 
Por primera vez, las exportaciones de granos superaron a las exportaciones de carne, lo cual genera la necesidad de revisar y prever una amplia serie de cuestiones vinculadas con la sustentabilidad.“La ley de conservación de suelos del Uruguay no es nueva; data de 1981, aunque se reglamentó en los años 90. Sin embargo, a partir del 2005 hubo una voluntad política de hacerla cumplir”, explicó Mariana Hill Lavista, Directora General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay.Un objetivo gubernamental es avanzar hacia la planificación del suelo. 
“En Uruguay, muchas veces se aplica el mismo manejo y la misma rotación en todo el país, asumiendo una misma capacidad de uso”, explicó la disertante. Identificar la capacidad del suelo para luego proponer un plan de uso, pasa a ser un tema clave. “No pretendemos que el Ministerio apruebe los planes, eso sería una locura, pero al menos habrá un ingeniero agrónomo que brinde garantías profesionales sobre cada plan”, dijo. Recientemente, se incorporó al dueño de la tierra como persona solidaria junto al productor, desde el punto de vista legal, en lo concerniente a estas cuestiones. La preservación del suelo pasa a ser crítica. 
La economía uruguaya está atravesando cambios estructurales muy fuertes. 
“Uruguay es chico en superficie, y además tenemos tres millones de habitantes, con lo cual, sin una apertura externa, en la que venimos trabajando intensamente, no tenemos demasiadas oportunidades de crecer”.
Esa apertura llevó a una intensificación de la agricultura, que derivó en un uso intensivo de los recursos naturales. 
“El crecimiento es bueno, pero hay que ver que las oportunidades no se transformen en amenazas”, manifestó Hill Lavista.
“Hemos tenido un aumento importante de la inversión extranjera directa. 
La inversión argentina, de hecho, fue notable.
 Esto también fue parte de una estrategia política oficial. Queríamos posicionarnos en el mundo, para lo cual necesitábamos abrirnos a la inversión directa”, manifestó.
Algunos objetivos que forman parte de la estrategia oficial son:
. Profundizar el desarrollo agroexportador.
. Incluir a sectores de agricultura familiar. 
Se está trabajando activamente al respecto. 
Se trata de generar las herramientas necesarias para que la producción familiar se pueda sumar a las cadenas agroexportadoras.
. Mantener políticas claras para el uso sustentable de los recursos naturales. 
“Desde el Ministerio intentamos promover Buenas Prácticas a través de normas técnicas que se difunden y dan a conocer, pero además se fiscalizan. 
El rol del Estado es fundamental en la fiscalización del cumplimiento”, expresó la funcionaria uruguaya.
La experiencia chilena.
Cuando Chile reafirmó su voluntad de competir en los mercados mundiales de alimentos, tuvo que afrontar con realismo que, como dice un dicho local, “hay que bailar la cueca del que la toca”. La adaptación a las exigencias de los compradores no fue fácil, explicó Mónica Galleguillos, Gerente General de GCL Capacita S.A., empresa de la Fundación Chile. De 18.000 productores certificados en el año 2004, se pasó a más de 100.000 en el 2010.
Los principales compradores, en el caso de Chile, son las grandes cadenas de supermercados a nivel mundial. 
“Ellos fueron quienes le pusieron la música a este baile de las Buenas Prácticas”, expresó la oradora. 
“Eso nos costó sangre, sudor y lágrimas. 
En poco tiempo tuvimos que adaptarnos. 
En plazos record, nuestros campos lograron implementar las Buenas Prácticas y certificarse”.
Galleguillos sostuvo que la distinción entre prácticas “negociables” y “no negociables” es relativa. 
“Cuando las cadenas de supermercados nos dicen que a partir de tal fecha sólo comprarán los productos que tengan tal o cual certificación, no hay mucho margen de opción”.
 La Gerente General de GCL Capacita señaló que la implementación de Buenas Prácticas responde a distintas motivaciones:
-Comerciales. Son las que impone la industria alimenticia, y las que exigen los compradores. 
El mundo requerirá cada vez más alimentos, pero para satisfacer esa demanda habrá que responder a una serie de exigencias.
-Cuestiones de inocuidad. 
“Como sector industrial, no podemos llevar al mercado productos factibles de ocasionar problemas de salud a los consumidores”, comentó la disertante. 
Y mencionó el caso de la escherichia coli en Alemania, donde hubo varios muertos. 
“Los primeros acusados fueron los productores de pepinos en España, lo que ocasionó grandes pérdidas a ese país, por más que posteriormente se puedo comprobar que el problema consistió en la aparición de una nueva cepa hasta entonces desconocida”.
-Competitividad. La necesidad de ser competitivos es un fuerte impulso para la adopción de las Buenas Prácticas.
En Chile, señaló Galleguillos, se creó una Comisión Nacional de Buenas Prácticas, que nuclea a los principales actores del gobierno y el sector industrial.
 “Es importante que los sectores productivos estén representados a todos los niveles”, dijo. 
“ Los grandes se cuidan solos; hay que cuidar a los más pequeños”.

“Detrás de las normas hay intereses”
Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), afirmó con pragmatismo: 

“Detrás de toda norma técnica hay una discusión geopolítica, y hay dinero de por medio. 

No hay dudas de que existen muchos intereses detrás de la construcción de una norma técnica”. 

 Sin embargo, afirmó con la misma contundencia: “El ejercicio de las Buenas Prácticas hay que hacerlo, más allá de que pueda terminar transformándose con el tiempo en una traba no arancelaria”.
En relación con las certificaciones de normas, las mismas “son apenas la punta del iceberg”, dijo. 

“Hay 18.500 normas ISO, pero sólo doce de ellas son certificables. 

La certificación es útil solamente si agrega valor”.
Lo mismo ocurre con las normas voluntarias. 

“Si una norma voluntaria no agrega valor, no es útil. Tal vez sea una norma consensuada sólo a nivel sectorial, sin mayor respaldo entre los distintos actores”, dijo.

 Eso le dio pie para enunciar las características que debería tener toda norma para ser efectiva: 

“Su proceso de construcción tiene que ser abierto a todos los sectores involucrados; participativo, y contar con una base científica y técnica”.
La adopción de las Buenas Prácticas, expresó Bigorito, debería ser proactiva. 

“Hay un balance entre normas voluntarias y normas legales. 

Si actuamos proactivamente, hacemos que esa balanza se incline más hacia el lado positivo”. 

En otras palabras, esto evita la tendencia gubernamental hacia las regulaciones extremas, y pone de manifiesto la capacidad de autorregulación de los sectores involucrados. 

“Los reguladores tal vez intentarán regular en base a normas internacionales o extranjeras, o en base a criterios difusos”.
A propósito de ello, Bigorito señaló que “no hay que confundir normas extranjeras con normas internacionales. 

Las normas internacionales son las que están dentro de las ISO. Eso no quiere decir que todas las normas ISO sean buenas, pero al menos se supone que fueron hechas pensadas en el promedio de la comunidad internacional”.
En cuanto a la huella de agua y la huella de carbono, la opinión de Bigorito fue contundente: “Son inexorables”.

Productores en la mira 
Christian Jetter, Presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y miembro del CREA Avati-i-Arrocero, utilizó una metáfora regional para definir su postura ante las cuestiones vinculadas con la preservación de los recursos: “Yacaré que se duerme, termina en billetera”.
“Tenemos que ser proactivos –explicó-. 

No podemos quedarnos en la defensiva. 

No permitamos que nos dividan entre ambientalistas y productivistas, porque esa pelea la vamos a perder. 

No debemos permitir que se ponga de un lado a quienes dicen no tener fines de lucro, y del otro a los empresarios. 

Tenemos que demostrar que nuestra producción es absolutamente sustentable”.
Los productores arroceros, agregó, están “en la mira” debido al uso intensivo del agua que requieren. 

“Además de tierra, el arroz necesita agua durante 100 días.

 En la provincia de Corrientes utilizamos sólo el 2% del agua; el 98% va hacia el Río de la Plata, y nadie se preocupa por ello”.
“Mi opinión es que no podemos ser pasivos en este debate. Tenemos que tomar decisiones e intervenir en la ciencia y la política. 

La responsabilidad social empresarial no termina en ayudar a la escuela del pueblo, por más que sea muy importante. 

Es fundamental que nos involucremos en estos temas”.
La importancia que reviste el cultivo de arroz en Corrientes hace que este involucramiento se torne urgente:
-Anualmente, se siembran en la provincia 100.000 hectáreas de arroz. 

Durante décadas, fue prácticamente el único cultivo que se desarrolló a nivel provincial.
-La actividad tiene una fuerte demanda de recursos humanos. Actualmente, genera al menos unos 5.000 puestos de trabajo. Existen cerca de 130 productores.
- El 40% del arroz del país es producido en Corrientes.
Ingresar al mundo de las buenas prácticas representó para los productores una importante apertura mental, señaló Jetter. “Implicó que hiciéramos participar
a gente de afuera del sector.

 A los productores muchas veces nos gusta juntarnos entre nosotros y no con otros. 

Además, no nos gusta que desde afuera nos digan lo que hacemos mal. 

Sin embargo, es fundamental tener la posibilidad de saber cómo nos ven desde otros lugares”.

El disertante dejó claras también dos cuestiones: 

-“Con las Buenas Prácticas intentamos hacer una guía que realmente sea practicable. 

Los productores hacemos nuestra actividad para ganar dinero. Las Buenas Prácticas deben ayudarnos a ser sustentables en lo ecológico, pero también en lo económico”.
-“Las Buenas Prácticas deberían ser aplicables a todos los productores, chicos medianos y grandes, y no estar restringidas a una elite”.

Congreso Tecnológico 

CREA 2011: 

 

“Desafíos ambientales: 

Buscar soluciones para los problemas que vienen en camino". 

(Comunicado Nº 6)‏

Ernesto Viglizzo.


¿Es posible encontrar espacios de operatividad segura en los sistemas agropecuarios argentinos? 

¿Es posible detectar e identificar umbrales críticos de insustentabilidad en nuestra producción agropecuaria? 

¿Hay elementos conceptuales que nos permitan diagnosticar situaciones comprometidas?
En un trabajo realizado este año, Ernesto Viglizzo, investigador del INTA y el Conicet, demostró que varios indicadores ambientales valorados a escala nacional durante los últimos 50 años se encuentran aún a una distancia considerable de sus umbrales críticos con relación a otros países de referencia.
“Aunque existe una notoria incertidumbre sobre el impacto que ha tenido nuestra producción agropecuaria sobre el hábitat y la biodiversidad, otros indicadores, tales como los stocks de carbono, nitrógeno y fósforo en biomasa y suelo, están todavía lejos de la frontera de insustentabilidad”, indicó hoy Viglizzo guante la segunda jornada del Congreso Tecnológico CREA que se está desarrollando en la ciudad de Córdoba.
“Inclusive los indicadores que describen el riesgo de erosión del suelo y de contaminación de plaguicidas parecen haberse distanciado de sus umbrales críticos en el último medio siglo. 

Sin embargo, la situación de esos indicadores cambia cuando son evaluados a escalas menores”, añadió.
Viglizzo, por ejemplo, mencionó como caso paradigmático el de la desertificación de extensas áreas de la estepa patagónica a partir del aumento desproporcionado de la carga ovina realizado desde comienzos hasta mediados del siglo pasado
Pero existen casos más cercanos en el tiempo, tales como los feed lots, en los cuales existe riesgo de contaminación de cuerpos y vías de agua superficial y subterránea por sobrecarga de nutrientes producida a través de las deyecciones del ganado.
Nuevo concepto
El concepto de sustentabilidad experimentó una nueva vuelta de tuerca a partir de un trabajo publicado en 2009 por el investigador sueco Johan Rockström y equipo en la revista Nature: “Un espacio de seguridad para la humanidad” (A safe operating space for humanity).

En dicho trabajo se introdujo el concepto de “espacio operativo seguro”, que implica identificar los umbrales críticos de un conjunto de indicadores de uso habitual.
Umbral crítico es aquel que marca el límite entre el comportamiento normal (lineal) y el comportamiento anómalo (no lineal) de un sistema. 

No lineal es aquel comportamiento que introduce cambios abruptos, catastróficos e impredecibles en un sistema, provocando un cambio de estado o de fase, a menudo irreversible, distintos al original.
“La desertificación es un ejemplo de ecosistemas que colapsaron luego de ser desplazados de su condición original de equilibrio.

 El límite intangible que separa un comportamiento lineal de un comportamiento no lineal de un indicador dado es el umbral crítico de ese indicador”, explicó Viglizzo.
En su trabajo, Rockström indicó que algunos sistemas ya habrían superado su umbral crítico de insustentabilidad a escala global: uno de ellos es la pérdida de biodiversidad y el otro es el aumento de la concentración de nitrógeno reactivo en la atmósfera (o sea el nitrógeno activado por intervención humana que hoy perturba los ciclos biológicos de este elemento). 

“La pérdida global de biodiversidad parece haber alcanzado un punto tan crítico que algunos científicos indican que estaríamos ya en medio de una sexta extinción masiva de especies en la historia del Planeta”, apuntó Viglizzo.
“Contrariamente a lo que podría esperarse, el trabajo de Rockström indica que el cambio climático todavía no habría superado los umbrales críticos que podrían alterar drásticamente la base de hielo polar, el funcionamiento del sistema climático global y la propia vida sobre la Tierra”, apuntó el investigador argentino.
¿Qué aplicaciones tiene ese concepto en la Argentina? Viglizzo dijo que, más allá del hecho de que los valores promedio que registran varios indicadores ecológicos y ambientales a escala nacional no disparan señales de alarma inminente, es necesario reconocer la emergencia de umbrales críticos de insustentabilidad a escalas menores.
“Ciertos indicadores requieren contar en poco tiempo con señales de alerta temprana que indiquen una aproximación a umbrales críticos y para ello es clave el aporte de conocimiento de la ciencia”, comentó.
Pero existen al menos otros dos indicadores que levantan interrogantes a futuro: los stocks declinantes de fósforo en el suelo en muchas regiones productivas argentinas y la extracción de agua subterránea para riego de cultivos.
“Hay evidencias muy concretas de reducción de los stocks de fósforo en la región pampeana particularmente. 

Un trabajo realizado a partir de ensayos realizados durante nueve años en grupos CREA de la región sur de Santa Fe determinó que, con niveles inferiores de 20 ppm de fósforo en el suelo, el sistema ingresa en una zona de turbulencia; ahí tenemos identificado un umbral a partir del cual podemos estar en situación de riesgo”, explicó Viglizzo.
“También hay señales claras que el número de hectáreas bajo riego a partir de acuíferos subterráneos crece exponencialmente en algunas provincias argentinas. 

Este proceso se desarrolló sin haberse evaluado debidamente cuánta agua se extrae para el riego y cuánta agua se recarga a través de las lluvias. 

Las tendencias del nivel freático, muy poco evaluadas todavía en el país, pueden ayudar a esclarecer cuán seguro es el cambio de sistema que está ocurriendo de manera silenciosa”, apuntó.
“Tenemos que ser concientes que, si bien podemos extraer agua subterránea con ligereza, éste no es un recurso ilimitado; tenemos que saber cuál es la tasa de recarga del mismo y aquí los agrónomos vamos a necesitar la ayuda de los hidrogeólogos para conocer la disponibilidad real del recurso”, insistió.
“El gran dilema de los próximos años va a ser la gestión del agua. El clima en las regiones subhúmeda y semiárida argentina tiene fases secas y húmedas que son cíclicas; aparentemente en los últimos años, específicamente a partir del año 2002, estaríamos ingresando en una fase seca en esa franja del país y eso nos obliga a ser más cuidadosos con el uso del agua”, agregó.
Huella de carbono
Existen dos enfoques complementarios para medir la “huella de carbono”. 

El primero de ellos es el organizacional, por medio del cual se pretende medir la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas a una determinada actividad desarrollada por una empresa, sector económico o ente gubernamental.
El Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) es la metodología más empleada a nivel internacional para realizar inventarios organizacionales de GEI. 

Vale recordar que los seis GEI previstos en el Protocolo de Kioto son dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidroflourocarbonos (HFCs), perflourocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

La unidad de cuenta establecida para calcular las emisiones es la tonelada de dióxido de carbono equivalente (teq CO2).

 Por ejemplo: el metano (CH4) se contabiliza con una equivalencia 21 a 1. 

Es decir: una tonelada de metano se contabiliza como 21 toneladas de CO2 equivalente.
El otro enfoque es el que trabaja sobre el ciclo de vida de un producto: abarca la originación de la materia prima, procesamiento, distribución, uso y disposición final. 

Es un cálculo bastante complejo porque debe considerar, además del producto en sí mismo, el envase y la disposición final de ese material.
El cálculo de la huella de carbono de un producto puede ser útil para analizar el consumo energético presente en el ciclo de vida del mismo y evaluar sí eventualmente es posible aplicar medidas de reducción o eficientización energética. 

También podría representar una herramienta comercial para posicionar un determinado producto entre consumidores de altos ingresos de algunas naciones europeas.
 “Nosotros quizás no somos tan eficientes en producción medida por unidad de tierra, pero sí lo somos en producción por unidad de energía empleada”, comentó Viglizzo.
 “¿Cuánto cuesta en términos de huella de carbono hacer cruzar un producto por el océano para que llegue a Europa? 

Esta es una cuestión emergente que puede llegar a representar una barrera para-arancelaria para nuestros productos agropecuarios”, añadió.
Otro de los indicadores clave es la eficiencia en el uso de agua para producir una tonelada de un producto (“huella del agua”). “Existen países que son deficitarios en agua y otros son superavitários; es decir, algunos países pueden emplear sus excedentes de agua para producir alimentos y exportarlos, con lo cual están exportando agua virtual”, señaló el investigador argentino.
“De esta manera, si se estima que para producir una tonelada de soja se requieren alrededor de 900 litros de agua y eso puede ser certificado, entonces eso podría ser una ventaja para nuestros productos en aquellos mercados que deban emplear sus recursos de agua para uso humano al no disponer de ese recurso en abundancia”, añadió.