2013
Nota Nº 1
Las inundaciones son más graves cuando no hay politicas activas.
Por Arturo Navarro.
Desde 1983 participo en el gremialismo confederado y asisto al mismo debate por las inundaciones. No cambiaron las políticas ni existe una propuesta general -pública y privada- consensuada por toda la dirigencia.
No asumen que para cubrir los riesgos climáticos, que castigan al sector rural como al urbano, necesitamos políticas activas de estado para no agravar las pérdidas por inundación.Lo ocurrido en las ciudades de Buenos Aires y en La Plata entre otros lugares, demostró que nada ni nadie está exento.
El cambio climático es una realidad, por lo tanto los bienes y las inversiones rurales y urbanas no deben quedar a la buena de Dios. Hasta las mismas empresas de seguros han sido sorprendidas por la magnitud de los mismos y tienen que replantear sus cuberturas.
Todos los bienes de una sociedad son asegurables. Lo importante es que dicho seguro sea técnicamente eficiente y el costo de la prima razonable. La idea central de esta iniciativa es que los productores tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo. No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero.
PRINCIPALES INSTRUMENTOS.
Una política para protegerse de los riesgos, debería diseñarse a través de dos instrumentos principales:
1- Política de seguro para cubrir los riesgos previsibles, con subsidios a las primas para aumentar el uso.
2- Crear un fondo permanente para atender por desastres los eventos no previsibles.
Un país que siembra más 32 millones de hectáreas tiene las siguientes contradicciones: que los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro; que se sigan vendiendo insumos sin asegurar su cobro, y que muchos productores inviertan sin tomar previsión alguna considerando que es una explotación a cielo abierto.
Esto mismo ocurre en las áreas urbanas. No hay una vocación aseguradora en la sociedad y después se le reclama a un estado que está incapacitado de poder atender los reclamos de los damnificados por no tener un fondo permanente para atender los desastres y catástrofes.
Asumamos que los eventos climáticos vinieron para quedarse y su repetición va a ser permanente. En las zonas urbanas también cae granizo y hay vientos y tornados que provocan daños importantes, además de los que producen las inundaciones por falta de obras de desagüe. Muchos de esos daños se cubren si se ha tomado el seguro correcto.
España, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, entre otros países, aplican este tipo de políticas que potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC) con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
Si estamos dispuestos a cambiar esta relación del estado con el sector agropecuario, ha llegado la hora que nuestra dirigencia ponga en agenda este tema y empecemos a trabajar en una propuesta para el largo plazo.
Un dato: el subsidio del 50% de la prima de seguro agrícola representa 600 millones de pesos anuales. Con este incentivo se estima pasaríamos de 17 millones de hectáreas agrícolas aseguradas actualmente a 21 millones en el futuro.
Ésta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado..
Todos los bienes de una sociedad son asegurables. Lo importante es que dicho seguro sea técnicamente eficiente y el costo de la prima razonable. La idea central de esta iniciativa es que los productores tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo. No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero.
PRINCIPALES INSTRUMENTOS.
Una política para protegerse de los riesgos, debería diseñarse a través de dos instrumentos principales:
1- Política de seguro para cubrir los riesgos previsibles, con subsidios a las primas para aumentar el uso.
2- Crear un fondo permanente para atender por desastres los eventos no previsibles.
Un país que siembra más 32 millones de hectáreas tiene las siguientes contradicciones: que los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro; que se sigan vendiendo insumos sin asegurar su cobro, y que muchos productores inviertan sin tomar previsión alguna considerando que es una explotación a cielo abierto.
Esto mismo ocurre en las áreas urbanas. No hay una vocación aseguradora en la sociedad y después se le reclama a un estado que está incapacitado de poder atender los reclamos de los damnificados por no tener un fondo permanente para atender los desastres y catástrofes.
Asumamos que los eventos climáticos vinieron para quedarse y su repetición va a ser permanente. En las zonas urbanas también cae granizo y hay vientos y tornados que provocan daños importantes, además de los que producen las inundaciones por falta de obras de desagüe. Muchos de esos daños se cubren si se ha tomado el seguro correcto.
España, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, entre otros países, aplican este tipo de políticas que potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC) con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
Si estamos dispuestos a cambiar esta relación del estado con el sector agropecuario, ha llegado la hora que nuestra dirigencia ponga en agenda este tema y empecemos a trabajar en una propuesta para el largo plazo.
Un dato: el subsidio del 50% de la prima de seguro agrícola representa 600 millones de pesos anuales. Con este incentivo se estima pasaríamos de 17 millones de hectáreas agrícolas aseguradas actualmente a 21 millones en el futuro.
Ésta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado..
Para una información en tiempo real, el sector agropecuario y el interior deben usar las redes sociales, al ser sistema mas agil y moderno de comunicarce.
Me pueden seguir en Twitter: @arturojnavarro
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La Comision de Enlace debe Institucionalizarse.
Por Arturo Navarro.
La Comision de Enlace debe Institucionalizarse.
Por Arturo Navarro.
En la unión de la Comisión de Enlace algo está ausente: las propuestas apoyadas por mayoría. Las entidades aún no han dejado en claro qué modelo de país quieren, qué proyecto agropecuario necesitamos y cuál es la plataforma para consolidarlo. En medio de pedidos y comunicados, lo que falta es una propuesta formal por mayoría para defenderla en los debates parlamentarios. El año electoral presenta una gran oportunidad para que los productores puedan verse representados y defenderlos para poder trabajar con libertad, igualdad y dignidad con los otros sectores de la economía. La unanimidad para las gestiones y las propuestas han impedido satisfacer la demanda de los productores a pesar de aparecer públicamente unidos. A esta altura del debate, nadie puede ignorar –ni oficialismo, ni oposición- el rol estratégico que juega el sector agroindustrial en la consolidación del crecimiento y el desarrollo sustentable de la economía nacional. Claro está, si se respeta el federalismo fiscal, como determina nuestra Constitución. Lo que varía son las formas sobre cómo alcanzarlo. Por eso, la Comisión de Enlace, con las otras entidades, debe definir una postura concreta por mayoría. El desafío es como poder hacer la propuesta y la forma de gestionar su implementación. Hemos pasado demasiado tiempo analizando el pasado, elaborando propuestas coyunturales y realizando conjeturas. Hay que explicitar las propuestas agropecuarias y agroindustriales para el mediano y largo plazo. Debemos aprovechar las condiciones internacionales –mayor demanda de cantidad y calidad de alimentos- y aumentar las exportaciones para abastecer mejor el consumo interno.Esto es lo que piensa la mayoría de los productores. Dichas propuestas existen y solo falta contar con el apoyo mayoritario a las mismas para su implementación. El otro proyecto posible es el vigente que ya mostró su total fracaso si lo comparamos con Brasil en el crecimiento de las producciones y en el achicamiento de la pobreza. Hoy el país podría estar produciendo 130 millones de toneladas y no 95 millones como será la actual cosecha y tener solamente 2 millones de pobres en vez de los diez millones actualmente, si hubiéramos podido trabajar y exportar libremente. Han pasado cinco años del conflicto que originó la 125. En este tiempo, el sector agropecuario no ha sabido concretar una propuesta de lo que necesita el país para aprovechar todo el potencial del complejo agroindustrial. Sin un amplio acuerdo del sector, la seducción a los partidos políticos fue remota en otras ocasiones. En un nuevo año electoral la situación está por repetirse. Los principales responsables de la actual situación son los mimos productores que no apoyan formalmente con recursos a las entidades y los dirigentes no han sabido o no han querido cambiar ante el nuevo escenario productivo y de gestión, profesionalizando la tarea gremial y la forma de recaudar recursos para concretarlo, situación que es una constante desde mi presidencia en CRA que finalizó en 1993. Coincidir en una propuesta común desde un sector no supone la pérdida de identidad de las distintas entidades. Aceptar las diferencias por mayoría nos permitiría un trabajo de largo plazo, como viene realizando Brasil desde 1964 cuando planifico el rol de la producción agropecuaria y agroindustria en el país y creó por ley la Confederación Nacional de Entidades Agropecuarias (CNA) para trabajar en una acción institucionalizada pública-privada permanente en las defensas de las propuestas, sanción de la mismas y control de las gestión de las políticas públicas. Hoy en día, 48 años después, sus dirigentes tienen un gran protagonismo en el trabajo parlamentario y los productores se muestra mucho más unidos que al principio del sistema. Con todos estos argumentos y otros que se podrían agregar, más allá de lo que piense, quiera y haga el actual Gobierno, como dirigentes del sector tenemos la obligación y responsabilidad de proponer algo similar a lo de Brasil para concretar las propuestas que necesita el sector y ayudar al país, con todo el potencial dormido existe en el sector para aumentar las producciones y exportaciones transformadas con mano de obra argentina. Una entidad similar a la CNA de Brasil tiene que estar integrada por todas las entidades nacionales formada por productores (las cuatro gremiales más AACREA y AAPRESID) en una Fundación o Centro de Estudios Estratégicos, entidad que recibiría los aportes de todos los productores por un sistema de recaudación compulsiva, para de esa forma facilitar el trabajos de los intermediarios del sector en los sistema electrónicos de liquidación, y la entidad a crearse tendría la responsabilidad de atender los reclamos de los productores que no estén de acuerdo con la contribución. Es fundamental la inclusión de las seis entidades, porque no se puede pretender recaudar a todos los productores si muchos de ellos no se sienten representado por las cuatro entidades gremiales. La Fundación o Centro de Estudios Estratégicos seria el responsable de la distribuir de los fondos según sean los objetivos y sus porcentajes fijados previamente por el estatuto de formación. Entre los objetivos estarían la elaboración de proyectos de ley para concretar las políticas estados, el trabajo de lobby interno y fueran del país, el apoyo a la investigación y a la educación, la promoción de formación laboral en carreras corta y de oficios, la acción de comunicación y de marketing del sector agropecuario y agroindustrial en todos los temas generales y el aporte gremial a las entidades de base que forma las entidades nacionales. La alternativa local demuestra que, hasta la fecha, la Comisión de Enlace nunca ha presentado formalmente al Congreso un proyecto consensuado por las cuatro entidades. Desde su creación hemos tenido más reclamos en asambleas que trabajo para elevar propuestas concretas para el corto, mediano y largo plazo. Criticar al poder legislativo es errar, completamente, el eje. Asumir la acción política requiere madurez pero es, también, la única forma de lograr cambios reales que el sector necesita. Si la unanimidad de las cuatro entidades es imposible de lograr, las políticas de Estado quedan en conceptos fuertes que embellecen discursos, pero que tienen poco que ver con la vida diaria de los productores. Por otra parte, la institucionalización de las entidades en una organización similar a CNA, es el reaseguro para darle –como ocurrió en Brasil- estabilidad permanente a las Políticas de Estado. Trasciende la gestión de los actuales dirigentes y Gobierno y permitirá concretar propuestas por mayoría terminando con los descreídos, que creen que es imposible trabajar unidos sin perder la propia identidad. Por Arturo Navarro. Consultor Agropecuario. Para una información en tiempo real, el sector agropecuario y el interior deben usar las redes sociales, al ser sistema mas agil y moderno de comunicarce. Me pueden seguir en Twitter: @arturojnavarro Contacto : 011-15-40442147 - info@arturonavarro.com.ar |
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